Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollan desde primera hora de este martes una amplia operación en Madrid y Barcelona contra el fraude en la comercialización de electricidad. Hasta el momento, ya hay 14 detenidos y se han practicado siete registros en un dispositivo bautizado como Operación Ambar y que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz. Las primeras estimaciones sitúan el fraude en más de 76 millones de euros. Entre los arrestados se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, que llevaba operando, al menos, desde 2012 con la creación de numerosas empresas fantasmas al frente de las cuales ponían a testaferros.

El origen de la investigación fue la apertura hace tres años de un expediente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras detectar la existencia de empresas dedicadas a comercializar al consumidor energía eléctrica que terminaban desapareciendo tras menos de un año de vida. Aquel expediente acabó en manos de la fiscalía y, posteriormente, de la UCO, que inició una investigación ante la sospecha de la existencia de un fraude muy similar al detectado en los últimos años en el sector de los hidrocarburos.

Las pesquisas permitieron detectar la existencia de cuatro empresarios (dos en Madrid y otros dos en Barcelona) que, de manera coordinada, creaban empresas para comprar energía a las grandes compañías productoras y, más adelante, venderla a los consumidores finales. Tras ocho meses comercializando la misma, cuando la mercantil suministradora les reclamaba ocho meses después el pago de la energía, la sociedad desaparecía y los empresarios volvían a crear nuevas firmas con testaferros para continuar con el fraude.

La Guardia Civil ha detectado que la trama llevaba operando de este modo al menos desde 2012. En este tiempo, el dinero defraudado a las grandes compañías se eleva a los 62 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar otros 14 millones de euros en impuestos que la red de empresas fantasmas no abonaba a la Agencia Tributaria. Los presuntos cabecillas de la trama llevaban un elevado tren de vida con lujosas viviendas en las zonas más caras de Madrid y Barcelona, coches de alta gama y embarcaciones de recreo.

Fuente: El País