¿Cómo vamos a progresar si no somos capaces de cuidar el planeta en que vivimos? Esta pregunta, a pesar de su relevancia, no es la que más nos solemos hacer los ciudadanos de a pie, a menos que nos veamos directamente afectados por las consecuencias del cambio climático como desastres naturales, o los problemas de salud que ocasionan los altos niveles de emisiones de gases en ciudades donde el aire no siempre es respirable, como asma y otras dolencias pulmonares más graves. Estudios económicos recientes (de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) indican que adaptarse al cambio climático podría tener un coste global de hasta 100.000 millones de dólares al año dentro de unas décadas. En el caso de la Unión Europea (UE), los resultados de un proyecto reciente financiado por la Comisión Europea (Peseta II) indican que incluso si el incremento de temperatura se limita a dos grados, lo que requiere un importante esfuerzo de mitigación, el bienestar se reducirá en 120.000 millones de euros, siendo la región más afectada el sur de Europa. Otro proyecto europeo, ClimateCost, concluye que los beneficios en cuanto a calidad del aire de mitigar el efecto del cambio climático supondrán entre 44.000 y 95.000 millones de euros anuales en 2050.

A pesar de que las organizaciones internacionales llevan varias décadas tratando de concienciar a los gobiernos y a las instituciones de la importancia de preservar los recursos naturales y contener los niveles de polución, las acciones de mitigación implementadas hasta hoy parecen ser insuficientes. Los acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el protocolo de Kioto, con obligaciones de reducciones de gases inicialmente sólo para 37 países desarrollados y cuya segunda fase terminará en 2020, o el actual Tratado de París, cuya efectividad es dudosa debido a que el acuerdo no es vinculante y de que Estados Unidos ha retirado su participación —al igual que hizo con Kioto en 2001— no parecen suficientes para frenar el cambio climático y sus consecuencias.

Al igual que otros problemas globales, este requiere una solución consensuada por los principales actores políticos y económicos, no solo a nivel internacional sino también a nivel regional, local e individual. Es importante considerar soluciones que vengan desde abajo hacia arriba, es decir, que sean los individuos, las comunidades y las empresas los que tomen medidas y presionen a los actores políticos y a las instituciones para impulsar una verdadera transformación que lleve a preservar el medio ambiente. En este sentido, cabe destacar varias iniciativas que van en esta dirección.

A nivel local, una iniciativa en nuestro país es la Red Española de Ciudades por el Clima. Ésta surge del reconocimiento de los gobiernos locales de la necesidad de coordinación para afrontar de forma eficiente la lucha contra el cambio climático. Su principal función es la gestión de la energía a escala local y la ejecución de los objetivos nacionales en materia de política de cambio climático. Más en concreto, se ocupa de promover el uso de energías renovables, los modos de transporte limpios y la reutilización y reciclado de residuos. Más del 60% de la población española reside en los gobiernos locales que conforman dicha red. Para ser socio hay que cumplir unos requisitos formales, entre ellos aprobar un plan de acción que determine una serie de actuaciones mínimas dirigidas a la progresiva reducción de gases de efecto invernadero en el municipio, pagar una cuota anual y asumir unos requisitos sectoriales. Con las cuotas aportadas, la red desarrolla acciones de información y proporciona apoyo técnico a los gobiernos locales para alcanzar sus objetivos, así como también promociona y financia actuaciones conjuntas.

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Otro ejemplo de iniciativa implica a las empresas y consiste en adherirse a alguno de los foros que conceden certificaciones ambientales y que permiten a los consumidores reconocer los bienes o servicios que han sido producidos con modelos y prácticas de producción que respetan el medioambiente. Por ejemplo, la certificación ISO 14001, que otorga la Organización Internacional para la Estandarización indica que una empresa ha desarrollado un plan de protección medioambiental y que está cumpliendo con las leyes medioambientales nacionales. Estudios económicos indican que cuando las empresas invierten para reducir sus emisiones, los beneficios de la inversión pueden ser mayores que los costes, validando la llamada hipótesis de Porter, que indica que las regulaciones medioambientales pueden incrementar la eficiencia, la innovación y la competitividad.

Finalmente, individualmente y como consumidores responsables, cada uno de nosotros podemos implicarnos y subirnos al tren de la economía sostenible con algunas modificaciones de nuestra conducta que no requieren coste alguno. Por ejemplo, reduciendo el consumo de carne, reduciendo el uso de plásticos, utilizando el transporte público o la bicicleta en lugar del coche y reciclando la basura. Los resultados de un estudio publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Ciencias en 2016 indican que los beneficios económicos estimados de reducir o eliminar el consumo de productos animales supondrían un ahorro en torno entre 700.000 millones y un billón de dólares anuales en costes de salud, así como reducción de emisiones entre 29 y 63 por ciento.

En resumen, todos como ciudadanos y consumidores que somos, o en algunos casos como empresarios o actores políticos, podemos contribuir a preservar nuestro planeta y encaminar nuestras acciones hacia un desarrollo limpio y sostenible que permita a nuestros descendientes y a las nuevas generaciones disfrutar de los recursos naturales que nos ofrece el planeta, pero cuya conservación peligra si dejamos de aportar nuestro grano de arena.

Inmaculada Martinez-Zarzoso es catedrática de Economía en las Universidades de Gotinga (Alemania) y en la Universidad Jaume I de Castellón.

Fuente: El País