La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 54,26 millones de euros a un grupo de 19 empresas, entre ellas filiales de Duro Felguera y Sacyr, especializadas en montaje y mantenimiento industrial por formar un cartel y repartirse y encarecer contratos de grandes empresas energéticas y del sector petroquímico durante 17 años, según ha informado este miércoles el organismo supervisor. Directivos de estas empresas tendrán que pagar, asimismo, multas que suman 280.500 euros, y las firmas expedientadas, salvo las que han colaborado en la investigación, no podrán contratar con el sector público.

Según explica la CNMC en una nota, las empresas sancionadas se repartieron, desde comienzos de 2001, 746 licitaciones de una veintena de compañías energéticas y petroquímicas, que se sirven de estas firmas especializadas para poner en pie sus instalaciones, que suelen estar sujetas a “estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales”.

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Las firmas sancionadas se reunieron hasta 18 veces para coordinar sus acciones, fijar precios y compensaciones e intercambiar información sensible, y con el tiempo fueron evolucionando sus formas de contacto para dificultar su detección. Según Competencia, en ellas “diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban “para empresas locales”. Estas, no obstante, eran coordinadas por una de las grandes, que organizaba la presentación de las ofertas de las firmas más pequeñas.

En una primera etapa, relata la CNMC, una empresa era designada para obtener la adjudicación y las demás ofrecían precios más altos (ofertas de cobertura), de forma que la designada se aseguraba el contrato. Posteriormente, las empresas se intercambiaban archivos de Excel en las que iban rellenando los precios y las ofertas de cobertura y fueron adjudicándose códigos propios con números o siglas para saber qué empresas optaban o no a un contrato.

La detección de la trama fue posible por la denuncia de una de ellas, Navec, que se acogió al sistema de clemencia de la CNMC, que alivia las sanciones a los delatores. De hecho, esta empresa no tendrá que pagar su multa, aunque sí uno de sus directivos, que rehusó colaborar. Ya abierta la investigación, otra de las empresas, Enwesa, aportó elementos de prueba y se le redujo la multa a la mitad.

Finalmente, la CNMC ha enviado la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente de Hacienda, para impedir a las sancionadas contratar con la Administración pública.

Contra la sanción de la CNMC, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su notificación.

Fuente: El País