China aprobó este viernes una nueva ley que regula la inversión extranjera en plena campaña de presión internacional para que abra su mercado y garantice la igualdad de oportunidades entre las empresas locales y extranjeras. El texto, un intento de Pekín de dar respuesta a algunas de las demandas de sus socios y reducir hostilidades, prohíbe las transferencias forzadas de tecnología de empresas extranjeras a las locales y garantiza la igualdad de oportunidades en los procesos de licitación pública. La norma, cuya eficacia recae en cómo se implemente, llega en plenas negociaciones con Estados Unidos para firmar la paz comercial y apenas días después de que Europa haya endurecido el marco legal para la entrada de inversiones chinas en el espacio comunitario.

El legislativo chino aprobó el texto con más del 99% de apoyo de los casi 3.000 delegados que forman el órgano, algo habitual en un plenario cuyos votos son un mero trámite formal para sacar adelante las leyes ya discutidas durante meses al más alto nivel del Partido Comunista. La normativa, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, prohíbe explícitamente que la administración “fuerce la transferencia de tecnología”, algo que hasta hace pocos meses los altos cargos chinos negaran que ocurriera, y otorga “el mismo trato a los productos y servicios de empresas extranjeras” en comparación con las locales en las actividades de contratación pública.

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El proceso de tramitación de la ley ha sido inusualmente rápido para los estándares chinos, siendo aprobada apenas tres meses después de que el primer borrador fuera discutido. Este apremio se atribuye a la voluntad de Pekín de cargarse de razones ante Estados Unidos y Europa en un momento en que ambos bloques han mostrado, con métodos distintos, su hartazgo ante lo que consideran prácticas comerciales desleales por parte de Pekín y la falta de reciprocidad en el acceso de los respectivos mercados. Washington ha optado por la vía dura con la imposición de aranceles a los productos chinos, mientras que Europa apuesta por una diplomacia centrada en defenderse de inversiones que consideran distorsionadas por el inmenso apoyo estatal de China a sus empresas.

Los analistas consideran que el solo hecho de que China regule en una ley especial las inversiones extranjeras es de por sí una señal inequívoca del trato diferencial que existe frente a las compañías locales. Tanto la Cámara de Comercio de la Unión Europea como la de Estados Unidos han lamentado que el texto se haya aprobado sin respetar el habitual periodo de consultas y consideran que su lenguaje es demasiado vago y, por tanto, está sujeto a una aplicación discrecional.

“Las disposiciones siguen siendo bastante generales y no abordan una serie de preocupaciones persistentes de las empresas extranjeras en China, incluidas la posibilidad de un trato desigual entre empresas nacionales y foráneas, el amplio concepto de ‘seguridad nacional’ o la posibilidad de que normas específicas en cada industria anulen estas protecciones más amplias”, asegura la Cámara de Comercio de EE.UU. en un comunicado.

A la imprecisión de estas disposiciones iniciales se le añade la duda de saber cómo este nuevo contenido se reflejará en otras leyes menores y, sobre todo, cómo serán implementadas en un país que tiene el tamaño de un continente y en el que las autoridades locales, no Pekín, son las que realmente deciden quién gana y quién no en las zonas que administran.

Fuente: El País