China ha emprendido una particular ofensiva contra aquellas empresas extranjeras que pongan en duda, aunque sea de forma ínfima, su soberanía y reclamaciones territoriales. Varias multinacionales que operan en el gigante asiático se han visto en el punto de mira de los reguladores y las redes sociales por haber incluido a Tíbet, Hong Kong, Macao o Taiwán en un listado de países independientes, a la hora de gestionar reservas, consultar establecimientos o pedidos de productos. Entre las afectadas está la cadena hotelera Marriott, la aerolínea Delta Airlines o Zara, que han cambiado el contenido de sus páginas web y emitido una disculpa pública.

La tormenta comenzó por un cuestionario enviado la semana pasada a los miembros del programa de puntos de Marriott en China. En el menú desplegable para seleccionar el país de origen, había las opciones —además de China— de Hong Kong, Macao, Tíbet y Taiwán. Las denuncias de varios internautas en las redes sociales desataron una ola de críticas hasta el punto de que la Administración del Ciberespacio de China ha cerrado la web de la cadena hotelera durante una semana por la ofensa. Una vez pedidas las disculpas, y quizás consciente de lo imprescindible de ser políticamente correcto con las tesis de Pekín si uno quiere hacer negocios en China, el grupo estadounidense aseguró que «no apoyan a los grupos separatistas que subvierten la soberanía y la integridad territorial de China».

Hong Kong y Macao fueron colonias inglesa y portuguesa, respectivamente, que volvieron bajo soberanía china a finales del siglo pasado manteniendo amplias competencias. Ambas son ahora consideradas actualmente como regiones administrativas especiales. Tíbet es una región autónoma china desde que fue invadida por Mao Zedong en 1951, si bien Pekín sostiene que se liberó la zona de la servidumbre feudal. Taiwán, una isla autogobernada y con un sistema democrático, es considerada por Pekín parte integral de su territorio e incluso contempla el uso de la fuerza si Taipéi declarara formalmente la secesión.

El caso de Marriott llevó a los internautas a escudriñar los contenidos en las páginas web, aplicaciones y redes sociales de varias empresas extranjeras a la búsqueda de ejemplos similares. La aerolínea Delta Airlines pecó con Taiwán y Tíbet, y Zara también incluyó a la isla en su lista de países a la hora de hacer reservas. Las autoridades pidieron a ambas una rectificación que llegó rápidamente. «Fue un error sin intención comercial o política y nos disculpamos profundamente. Como uno de nuestros mercados más importantes, estamos totalmente comprometidos con China y nuestros clientes de este país», rezó el comunicado de la aerolínea.

Zara ha sustituido el «Taiwán» inicial por un «región china de Taiwán», comprometiéndose a llevar a cabo revisión exhaustiva en todas sus plataformas para detectar contenido «ilegal». China cuenta con disputas territoriales con varios de sus países vecinos, aunque el caso de Taiwán es especialmente espinoso: Pekín no entabla relaciones diplomáticas con nadie que considere que la isla es un Estado independiente.

La ira desatada en las redes sociales del país por estas indiscreciones, con incluso llamadas al boicot, demuestra cómo de sensible es la cuestión de reclamaciones de soberanía ya no solamente para las autoridades, sino para unos consumidores con cada vez más capacidad de influir en las cuentas de resultados y la toma de decisiones de las grandes multinacionales.

«Damos la bienvenida a las compañías extranjeras que quieran hacer negocios en China, pero estas deben respetar la soberanía y la integridad territorial de China, cumplir las leyes y respetar los sentimientos del pueblo chino. Este es el fundamento para que cualquier empresa haga negocios en cualquier país», aseguró sobre la polémica el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang. A raíz de estos casos, las autoridades competentes del sector de la aviación el turismo han ordenado a todas las empresas que revisen sus formularios «para asegurarse que se ajustan a la ley», sin descartar multas a las incumplidoras.

Fuente: El País