La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, compró una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, aunque cuatro años después se desvinculó totalmente de ella, de forma que a día de hoy asegura no tener vinculación con compañías privadas. «La ministra está en régimen de separación de bienes y lleva catorce años desvinculada de la sociedad. Desde entonces todos sus ingresos han procedido de la vida pública y son perfectamente conocidos», han explicado fuentes del Ministerio a preguntas del diario EL PAÍS.

El diario ABC ha publicado este viernes que la vivienda, de 319 metros cuadrados y situada en Mirasierra (Madrid), fue adquirida a través de Aldael Consultores, creada «ad hoc» por Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, para comprarla.

No obstante, asesores fiscales consultados explican que, siempre que se declare todo, la utilización de una sociedad para comprar una vivienda habitual no conlleva ahorros significativos en la factura fiscal. Por una parte, porque a la hora de comprarla Calviño no se pudo beneficiar de la deducción por compra de vivienda en la declaración de la renta. En cuanto a la declaración del impuesto de Patrimonio, la ahora ministra tendría que haberlo declarado igualmente especificando el valor de la participación. 

Una vez dejó de residir en la vivienda y la alquiló, si la hubiese declarado por renta tendría una reducción del 60% y los gastos financieros y de conservación son igualmente deducibles siempre que no superen los ingresos, si bien aquello que sobrepase se puede deducir en los cuatro años siguientes. Es decir, la ventaja respecto a declararlo con una sociedad con un tipo más bajo prácticamente se anula. Aunque es verdad que en los meses que está vacía en el IRPF se declara la parte proporcional del 1,1% del valor castrastal. En cambio en sociedades esto no se abona. «A veces, la utilización de sociedades de mera tenencia genera más problemas que ahorros fiscales», explica Luis del Amo, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.

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En cuanto al momento en el que Calviño residía en la vivienda, tenía dos opciones: o bien pagaba un alquiler a la sociedad que luego recuperaría en parte vía sociedades; o bien no abonaba ese alquiler pero tenía que declararlo como una suerte de dividendo o pago en especie en la renta del ahorro.   

El diario explica que las socias fundadoras de la empresa fueron María José Fernández Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Díaz, quienes quince días después fueron relevadas por Calviño y su marido al frente de la sociedad.

Un mes después, siempre según el diario, la compañía, que carece de empleados y tiene 1,6 millones de euros en activos, compró la citada vivienda, donde el matrimonio vivió durante seis años, hasta que Calviño se mudó a Bruselas. En la actualidad no reside ahí, sino que el inmueble está alquilado a otros residentes.

El objeto social de Aldael Consultores es, según este medio, la prestación de servicios de asesoramiento en materia económica, fiscal, contable y jurídica, gestiones preparatorias de apoyo o complemento de actividades empresariales y consultoría de gestión, y adquisición, tenencia, disfrute, arrendamiento y administración de bienes inmuebles.

Las fuentes del Ministerio de Economía consultadas han insistido en que efectivamente esa sociedad se creó en 2000, y que esta se constituyó para prestar servicios aunque la ministra se «desvinculó totalmente» de ella en 2004, cuando «ya tenía claro que iba a dirigir su carrera hacia el servicio público». «Desde entonces siempre ha estado dedicada al servicio público. Su sueldo y su patrimonio son públicos y desde 2004, hace ya 14 años, tiene vinculación cero con las empresas de su familia», han recordado estas fuentes, que han apuntado que Calviño y su marido mantienen separación de bienes.

La ministra tampoco tiene vínculos con «ninguna otra» compañía, por lo que asegura estar «desconcertada» por la publicación de esta información.

Ciudadanos ha pedido hoy mismo la comparecencia de la ministra en la Comisión de Economía del Congreso para que explique este asunto.

Fuente: El País