Por cuarto año consecutivo, España se lleva una reprimenda de Bruselas por el borrador de Presupuestos que le ha remitido. La Comisión Europea ha advertido por carta al Ministerio de Economía de que, tras un examen preliminar, las medidas contempladas apuntan a un “riesgo de una desviación significativa” de los objetivos fijados para 2019 y 2020 y, además, se apartan de la regla para la deuda pública que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Ejecutivo de Jean-Claude Juncker, que emitirá una evaluación definitiva el próximo mes de noviembre, resalta la “importancia” de presentar un borrador actualizado a pesar de ser consciente de que el calendario español está rezagado respecto al normal. El Gobierno había advertido de que su interinidad le impedía aprobar unas cuentas con las medidas impositivas incluidas en el Programa de Estabilidad para el periodo comprendido entre 2019 y 2022.

La carta, firmada por los comisarios Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici, reconoce que el borrador remitido este año por España es una prórroga presupuestaria a causa de «la naturaleza en funciones» del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aun así, recuerda a España que su proyecto supone un incremento del gasto del 3,8%, cuando la Comisión Europea le pedía que no excediera el 0,9%. Además, según sus cálculos el déficit estructural (el que excluye el ciclo económico) solo mejorará un 0,1% del PIB, frente al 0,65% solicitado por Bruselas. Es decir, que España deberá realizar unos ajustes por unos 6.500 millones de euros en el futuro si quiere cumplir con lo acordado con la Unión Europea. Por ello, la Comisión considera que España corre un riesgo de desviarse de los objetivos de déficit y deuda fijados para 2020.

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La carta, dirigida a la ministra de Economía Nadia Calviño añade que, «en general, estos elementos no parecen estar en línea con los requisitos de política presupuestaria» pactados entre la UE y España, ya que «apuntan a un riesgo significativo de desviación en 2020 y a lo largo de 2019 y 2020 en conjunto, del esfuerzo fiscal recomendado».

A pesar de reconocer la interinidad del Gobierno hasta las elecciones de noviembre, Bruselas reitera la «importancia» de remitir un proyecto presupuestario «actualizado» que «asegure el cumplimiento de las recomendaciones para España» cuando este sea enviado al Congreso de los Diputados. Asimismo, la Comisión espera avanzar en un «diálogo constructivo» con España antes de formular una evaluación final. Además de España, también Bélgica, Finlandia, Francia, Italia y Portugal han recibido una misiva de Bruselas pidiendo más explicaciones y advirtiendo de posibles desviaciones.

Gobierno en funciones

España remitió a Bruselas su borrador el pasado 15 de octubre. En el documento, advertía de que la elaboración de los Presupuestos “se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones, que tiene limitada su actuación al despacho de asuntos ordinarios”, salvo que se produzcan casos de urgencia o de interés general acreditados. “Por tanto, el Gobierno en funciones no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ni modificar objetivos de estabilidad presupuestaria”, añadía el texto.

El Ejecutivo en funciones remitió un documento en el que actualizaba el cuadro macroeconómico y rebajaba su previsión de crecimiento en una décima para 2019, del 2,2% al 2,1%, y otra para 2020, hasta el 1,8%. Al verse obligado a prorrogar los Presupuestos del último gabinete de Mariano Rajoy, el gobierno no incluyó en el borrador ninguna de las medidas fiscales planteadas anteriormente a Bruselas –la tasa Google o el gravamen a las transacciones financieras—, sino que simplemente presentó un “escenario inercial”.

En cambio, sí recogió medidas de gasto a las que se comprometió antes de la convocatoria de las elecciones de abril. Por ejemplo, la revalorización de las pensiones en un 0,9% o un incremento de los salarios de los empleados públicos, en línea con el Acuerdo Sindical que se alcanzó con el gobierno del PP. En ese contexto, según el documento, el déficit público se situaría en el 1,7% del PIB en 2020, tres décimas menos de lo proyectado para 2019. “Es voluntad del gobierno presentar una actualización del Plan Presupuestario con la orientación fiscal prevista para 2020 tan pronto sea posible”, añade el borrador.

No es la primera vez que Bruselas pide explicaciones por carta a España después de recibir su proyecto de Presupuestos. Ya el año pasado le advirtió de que, tras analizar sus números, el Gobierno incurría en el riesgo de incumplir con el ajuste fiscal pedido. Tras haber salido del brazo correctivo, la Comisión Europea examina sobre todo la evolución del déficit estructural, que no tiene en cuenta el ciclo económico. Es decir, las medidas con carácter permanente. Bruselas pide a España un ajuste del 0,65% del PIB este año y el que viene, con un margen de flexibilidad del 0,50% que puede repartir entre los dos años como más le convenga. Bruselas también pidió más medidas a España en 2016 y 2017, cuando gobernaba el PP, al que ponían en duda que alcanzara los objetivos de déficit para esos años y lograra los ajustes solicitados por los ministros de Finanzas de la zona euro.

Fuente: El País