La inversión pública en España ha registrado una media del 3,6% del PIB entre 1995 y 2017, una cifra por encima de la ponderación de la UE para el mismo periodo, situada en el 3,1%. Los fondos europeos y la efervescencia de la burbuja hicieron que España tuviese un crecimiento de la inversión mayor que en el resto de países conforme su economía convergía con la zona euro. Se trataba de unos desembolsos muy concentrados en infraestructuras porque las ayudas comunitarias se diseñaron sobre todo para obra pública.
Y pese a la sensación imperante de corrupción, estos recursos se gastaron. Sin embargo, una vez llegada la crisis, esta rúbrica ha caído desde los 55.142 millones de euros anotados en 2007 hasta los 21.590 millones de 2016. A cierre de 2017 sube un poco y alcanza los 23.286 millones, en gran medida gracias a que comunidades y ayuntamientos engordaron su inversión el año pasado un 9% con la vista puesta en las elecciones de primavera de 2019.
Estas partidas abarcan desde la inversión en educación y sanidad pasando por las infraestructuras, defensa, orden público, vivienda o asuntos sociales. Según un informe del Banco de España, este capítulo supone en torno al 10% del total del gasto público, pero durante la crisis encajó el 60% de todo el recorte hecho a los presupuestos de las Administraciones.
Los datos de la Fundación BBVA-Ivie revelan que en educación ha caído a la mitad del máximo de 2009; en sanidad casi un 40% y en infraestructuras un 60% respecto a 2007 y un 80% sobre 2009, ejercicio en el que se impulsó más este gasto por el plan E. Solo se ha recuperado algo el ferrocarril, que ha recobrado 20 puntos tras llegar a perder un 60%. Con las cifras de gasto ejecutado, la I+D arroja todavía un desplome del 60%.
“Entre los países del euro, la caída de la inversión pública relativa al periodo precrisis ha sido considerable en España y Portugal (unos dos puntos menos de PIB), Irlanda y Malta (unos 1,5 puntos menos) y Grecia e Italia (un punto menos)”, señala el informe de previsiones elaborado por los servicios de la Comisión. Estos números no contemplan en el caso de España algunas de las inversiones de defensa, ADIF, servicios de agua y puertos, cuyas partidas no consolidan contablemente en el conjunto de las Administraciones. No obstante, tampoco se suman en otros países como Francia o Italia. En general, son datos bastante homogéneos aunque no exactamente iguales, subrayan varios expertos.
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Las cotas de inversión alcanzadas en 2009 se correspondían con una burbuja que inflaba los ingresos y, por lo tanto, permitía mayores desembolsos. Entre 2004 y 2008 rondaba el 4,3% del PIB. Sin embargo, España ha dado un fuerte bandazo hacia el otro extremo. Cuando en medio de la crisis el déficit público se desbocó y se produjeron los recortes, las inversiones no tenían nombres y apellidos como ocurre con las prestaciones sociales. Tampoco eran un compromiso ineludible como los intereses de la deuda, un pago imprescindible para seguir obteniendo financiación de los mercados. Además, buena parte del recorte a las cuentas públicas se hizo al no ejecutar partidas programadas en los presupuestos. Los sueldos de los funcionarios, por ejemplo, no se podían posponer. Pero las inversiones sí. El Gobierno incluso bajó los impuestos en 2015 y 2016 sin explicar que, por la puerta de atrás, dejaría de hacer inversiones.
A la cola de la UE
Así las cosas, ahora España pertenece al grupo que menos invierte en relación con su PIB y, por tanto, a su capacidad económica. Gasta lo mismo que Alemania en proporción al PIB, siempre criticada por su escaso nivel de inversión y aquejada de un deterioro en parte de sus infraestructuras. Invierte igual que Portugal e Irlanda, dos países golpeados con fuerza por la crisis del euro. Y solo Italia, con una economía estancada y sin visos de desperezarse, destina menos que España en toda la UE: un 2% del PIB. Según la Comisión, el promedio de la UE se halla ahora en el 2,8%.
Según explican economistas consultados, estos niveles no parecen tan preocupantes en la medida en que durante la bonanza se construyó una dotación de infraestructuras que, según el Banco de España, es superior a la media europea. Otra cuestión distinta es si eso no da suficiente para el mantenimiento de esas infraestructuras e instalaciones, como ha denunciado el propio supervisor.
“No todos los recortes tienen las mismas consecuencias. La caída de la inversión en I+D tiene costes adicionales porque la carretera puede esperar, pero si dejas de invertir en investigación el personal se va a otro país y pierdes capital humano que has formado”, explica Matilde Más, catedrática de la Universidad de Valencia-Ivie.
Mas añade que a partir de ahora habrá que «examinar con cuidado los costes y beneficios de los proyectos, valorando que solventen problemas concretos». Ejemplos muy claros que citan los expertos son el corredor mediterráneo, o la falta de depuradoras por la que Bruselas amenaza con sancionar a España. Un informe de la empresa de ingeniería Sener y la patronal de las constructoras Seopan identifica actuaciones prioritarias para los próximos años por un valor de 114.000 millones en el ciclo integral del agua, de medioambiente, de salud y educación, de accesibilidad y movilidad urbana, de transporte interurbano y logística.
Las rebajas de impuestos y la subida de pensiones frenan el gasto
En el plan de estabilidad remitido a Bruselas, el Gobierno admite que la inversión pública se quedará estancada en el 2,1% del PIB hasta 2021. Eso significa que la cantidad en euros puede crecer en tanto que mejore el PIB. Sin embargo, esta partida no mejorará su peso en la economía a pesar de que, en proporción al PIB, se encuentra en niveles cercanos a mínimos históricos. Como apuntan los economistas, la inversión es la única partida del presupuesto público que ayuda a elevar el crecimiento siempre que esté bien diseñada.
Y el problema que destacan los expertos es que las cuentas públicas se enfrentan a varias restricciones que impiden que suba más la inversión. Por un lado, la deuda y el consiguiente pago de intereses. Por otro, el gasto en pensiones y en sanidad, que sube por la demografía. Y, por último, están las necesidades electorales de los Gobiernos ante las presiones de la calle: estos presupuestos recogen una rebaja de impuestos de 835 millones este año y 1.373 millones el que viene; un incremento de las retribuciones de los empleados públicos por valor de 2.691 millones; y una mejora de las pensiones que costará solo este año 2.631 millones.
Y todo ello a pesar de que la Comisión Europea señala en sus previsiones que España es uno de los países con un déficit público estructural “considerable” y, por tanto, “pendiente de necesidades de ajuste”. Es decir, aunque con el crecimiento de la actividad haya más ingresos, estos deberían dedicarse en mayor medida a corregir el desfase presupuestario. Pese a la importancia que se le atribuye, la inversión seguirá en niveles mínimos históricos en proporción al PIB, víctima de un entorno político y económico todavía complicado.
“La inversión en I+D es una apuesta que necesita estabilidad para producir resultados. En otros países de la UE se considera estratégica y la han preservado del ciclo económico”, dice Aleix Pons, director de economía de la Fundación Cotec.
Fuente: El País