Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea han dado un voto de confianza a la reactivación española, después de un lustro de vacas flacas. Hace solo tres meses —en febrero—, Bruselas empezó a revisar al alza sus números con respecto a España, pero veía cierta desaceleración en el horizonte. Las previsiones de primavera, que se presentan este jueves, son mejores: la economía española se conduce estupendamente a pesar de que la eurozona ha pisado el pedal del freno. El crecimiento económico lleva tres años por encima del 3%, y en 2018 quedará muy cerca de ese listón, y muy por encima de la media europea: el PIB español avanzará el 2,9% en 2018, para relajarse después hasta un 2,4% en 2019. Esos números son mejores que los del Gobierno español, que prevé un crecimiento algo inferior, del 2,7% y del 2,4%, respectivamente.
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España, definitivamente, no tiene un problema de crecimiento. En términos internacionales, las dificultades estriban en unos indicadores sociales que dejan mucho que desear, con la desigualdad y el riesgo de pobreza en máximos, y una tasa de paro que sigue entre las más elevadas del Atlántico Norte: la recuperación siempre llega con retraso al empleo, pero en el caso español las cifras de desempleo, a pesar del recorte, siguen en los dos dígitos, lejos de las del primer mundo.
Más allá de una recuperación social que sigue desaparecida en combate, España destaca también para mal en lo relativo a la deuda: el empacho de endeudamiento sigue siendo formidable, a pesar de que ha bajado hasta 60 puntos de PIB en el sector privado. Toda esa limpieza privada parece haber ido al sector público, que presenta los peores números de Europa, con la deuda pública en torno al 98% del PIB (y solo ligera mejoría en los dos próximos años en ese capítulo) y el déficit público más elevado de Europa. España cerró 2017 como la única economía del euro y de la UE con un agujero fiscal superior al 3% del PIB. Y las noticias por ese flanco no son halagüeñas.
Las Administraciones Públicas españolas no están aprovechando la bonanza para embridar el déficit. Bruselas estima que el déficit será del 2,6% este año, cuatro décimas más de lo previsto por el Gobierno: 4.000 millones de euros más. En 2019 el déficit será del 1,9%, seis décimas más que la previsión del Gobierno: 6.000 millones más. Los pronósticos empeoran dos décimas en ambos casos respecto a las previsiones anteriores de la Comisión.
Desfase fiscal
En el hipotético caso en que la realidad se parezca al horizonte fiscal que dibuja Bruselas, en total España incumpliría sus objetivos de déficit por unos 10.000 millones de euros en esos dos años, aunque si certifica que las cifras bajan de la barrera del 3% del PIB las reglas europeas serán mucho más benévolas que en el pasado. El problema, aun así, es la credibilidad: lejos de aprovechar las vacas gordas para generar colchones fiscales, el Gobierno se ha visto obligado a prometer un alza de pensiones para tratar de salvar la legislatura, que prevé financiar con el mayor crecimiento y la nueva tasa digital. Además, la subida de pensiones no se incluye en los pronósticos de Bruselas, que serían aún peores con esa medida.
El equipo del comisario Pierre Moscovici prepara una opinión sobre el Plan de Estabilidad español, que el Gobierno envió el lunes a Bruselas. España no es ya el problema en Europa, y nadie espera un duro revés como los que proliferaban en los años de plomo de la crisis. Pero la mueca de disgusto entre los funcionarios europeos es evidente: queda por ver en qué se concreta.
Más optimismo en el empleo
Las previsiones de todos los organismos coinciden en que la tasa de paro, que terminó el 2017 en el 17,2% —la más alta de la zona euro solo por detrás de la griega— continuará bajando este año y el próximo. Dentro de estos desorbitados niveles, Bruselas es incluso más optimista que el propio Gobierno y cree que el paro se situará en 2018 en el 15,3%, lo que supone que mejora tres décimas su anterior cálculo. El Ejecutivo, en el plan de estabilidad enviado a Bruselas, augura el 15,5%. Para el 2019, ambos coinciden: se reducirá al 13,8%, un nivel desconocido desde 2008 en España. Las previsiones del Gobierno señalan que en 2021 habrá descendido al 11%.
Fuente: El País