Bruselas trata de andar con paso firme en el alambre en el debate sobre la reforma de las reglas fiscales que este miércoles ha decidido abrir. Tras constatar que las normas adolecen de una enorme complejidad, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta a instituciones, países miembros o agentes sociales para formular una propuesta de reforma a finales de año. Sin embargo, el Ejecutivo quiere ir con el máximo cuidado por la profunda división que ese debate genera entre los países. Todos están de acuerdo en que las normas deben cambiarse, pero para distintos propósitos: los del norte, para aplicar más mano dura; los del sur, para buscar más flexibilidad.

Una recesión y un ciclo de bonanza que ha entrado en fase de moderación han permitido a la Comisión Europea sacar las primeras conclusiones sobre las normas que aprobaron en 2011 y 2013 para asegurar la disciplina fiscal de los países de la UE, en especial de los socios de la zona euro. En jerga comunitaria, son los llamados two-pack y six-pack, una suerte de normas para corregir los desequilibrios financieros y macroeconómicos. Según la comunicación publicada por la Comisión, esas reglas han dado sus frutos: han favorecido la coordinación entre países, han enderezado esos problemas y han reducido los niveles de deuda pública y privada.

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Aun así, las normas también han lucido sus debilidades. Todos los países coinciden en su complejidad y su falta de transparencia. No en vano, se requiere un manual de más de 100 páginas de disposiciones y fórmulas complejas para desentrañarlas. El Consejo Fiscal Europeo publicó el pasado mes de septiembre un informe en el que pedía simplificar las normas, que deberían basarse en un objetivo de deuda que debería alcanzarse mediante una regla de gasto.

En línea con las conclusiones de ese documento, que se presentó a los ministros de Finanzas en el Eurogrupo de Helsinki, la comunicación presentada por el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni señala que la deuda pública ha permanecido demasiado elevada en algunos países miembros y que ha favorecido una posición fiscal demasiado pro cíclica. El informe del Consejo Fiscal incidía en las inversiones. Y también lo hace Bruselas. Las reglas han mejorado las finanzas públicas, pero no han hecho que estas favorezcan más el crecimiento económico. En otras palabras, cuando llegaron las vacas flacas, se cortó la inversión en infraestructuras, investigación y desarrollo, innovación o educación. Las normas no han llevado a los países, pues, a una mayor calidad del gasto.

Disparidad entre norte y sur

Ese es el diagnóstico. La Comisión no ha querido, no obstante, hacer todavía una propuesta a causa de la disparidad de criterios en el seno de la UE. El vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, lo pudo comprobar en Helsinki. Los ministros coincidieron en que las reglas son complejas, e incluso poco transparentes, pero le advirtieron de las consecuencias de abrir el melón. El norte de Europa quiere más mano dura y sanciones casi automáticas en caso de incumplimiento. El sur, en cambio, pide más flexibilidad para aumentar el gasto social y fórmulas para proteger las inversiones.

La Comisión, por ello, ha decidido ir paso a paso y empezará lanzando una consulta entre todos los interesados, entre ellos, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE, el Banco Central Europeo, el Consejo Económico y Social, el Comité de las Regiones, los parlamentos y gobiernos nacionales, los bancos centrales de cada país, las instituciones fiscales independientes o los agentes sociales. Entre otros asuntos, preguntará sobre cómo pueden asegurarse unas finanzas sostenibles a la vez que se garantiza el crecimiento; cuál es la mejor manera de evitar el carácter pro cíclico de las normas; cómo proteger las inversiones que permitan afrontar retos sociales y económicos como el envejecimiento de la población o futuras crisis, o cómo hacer que las normas sean más claras.

Esa consulta, según fuentes comunitarias, debería estar acabada antes de las vacaciones de verano. Y a partir de ahí, la Comisión tratará de formular una propuesta de reforma que crea que pueda ser asumida por la mayoría de los estados.

Fuente: El País