La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves un endurecimiento de las sanciones a empresas por contratar a trabajadores temporales de forma injustificada. El Gobierno propondrá que la inspección de trabajo imponga por fraude «tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya celebrado la empresa», ha asegurado la titular de Empleo en una comparecencia en el Congreso. Esta iniciativa se trasladará a los agentes sociales en la mesa de calidad del empleo que mantienen Ejecutivo, patronal y sindicatos.

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En esto momentos, si no hay un pico temporal de la demanda que justifique la contratación temporal, los inspectores de trabajo suelen aplicar las sanciones por fraude, según se tipifica en el artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En este se recoge «la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley».

Según explican fuentes de Empleo, el castigo por esta infracción consiste en una multa que parte de los 660 euros y, a continuación, se ve agravada por el número de trabajadores, el tamaño de la empresa y en función del tiempo durante el que se ha cometido el fraude. Con este sistema, el número de sanciones nunca coincide con el número de empleados contratados de manera ilegal. Siempre resulta menor, comentan fuentes de Empleo. Pero esto ahora se pretende cambiar, de forma que las sanciones sean más directas y vayan por casos concretos, es decir, trabajador por trabajador.

Según sostienen fuentes de la inspección de Trabajo, este anuncio ya se podría hacer con la normativa actual. Tan solo habría que cambiar el criterio dado a los inspectores para sigan esta nueva orientación más dura, dicen.

En principio, este cambio debería en cualquier caso aumentar el importe de las sanciones. La ministra ha incidido en que se hace para aumentar el poder disuasorio de las multas. Báñez ha insistido en que la temporalidad sin causa justificada merma la productividad, supone una competencia desleal, reduce los ingresos públicos y, sobre todo, vulnera los derechos del trabajador. «Se corrige así el sistema actual centrado en la infracción y que no contempla íntegramente el número de trabajadores», afirma la nota de prensa del Ministerio.

Por otra parte, Báñez también ha anunciado la creación de un nuevo contrato de formación ligado a la formación dual. La idea es que la formación de ese contrato pueda ser determinada por el convenio sectorial. De este modo se asegura que el trabajador obtenga un perfil más acorde a lo que de verdad buscan las empresas.

Fuente: El País