El expresidente del Gobierno José María Aznar ha aprovechado este miércoles la presentación de un informe de la Fundación Faes sobre transición energética para sugerir la creación de una vicepresidencia económica. A juicio de Aznar, la existencia de una vicepresidencia sería lo ideal para coordinar y asumir las competencias sobre estabilidad regulatoria y el marco institucional para la transición energética, que resulta «un cambio de modelo de mayor profundidad y alcance que ninguno de los cambios en política energética planteados hasta hoy e indispensable para el futuro del país».
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Durante sus Gobiernos, Aznar mantuvo una vicepresidencia económica, además de constituir por primera vez un Ministerio de Medio Ambiente. El expresidente defendió la existencia de dicha vicepresidencia, aunque no quiso, sin embargo, valorar la posibilidad de juntar Energía y Medio Ambiente e, incluso, de incluir Energía en Economía. «La política la llevan otros, yo estoy en la Fundación y hacemos informes como estos», despejó ante las preguntas sobre estos extremos.
Aznar, que presentó el informe junto a sus coordinadores (Pedro Mielgo y Miguel Marín), también ha propuesto un acuerdo político «para la gobernanza del proceso de transición que cuente con el sector privado y se apoye en la eficiencia económica y la competitividad». «El acuerdo político garantizaría su permanencia en el tiempo», ha añadido.
No obstante, la fundación que preside Aznar considera que «el actual marco institucional español de dispersión competencias, conflictividad jurídica crónica y tensión entre los órganos reguladores hace muy difícil pensar en que pueda acometerse un proceso de la naturaleza y alcance del que plantea la transición energética». «La previsible consolidación de la fragmentación exigirá un esfuerzo extra de diálogo y acuerdo entre las fuerzas políticas», ha remachado.
Faes además plantea de militar el papel del Estado evitar la duplicación de funciones, atraer capital con estabilidad jurídica y regulatoria, apoyar la utilización de activos ya existentes para evitar despilfarros y revisar en profundidad la fiscalidad energética.
Fuente: El País