El caso Villarejo alcanza una nueva dimensión. La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir a la Audiencia Nacional que impute a Francisco González, expresidente del BBVA y uno de los banqueros españoles más poderosos de los últimos años. Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, esta solicitud se ha presentado en el marco de la causa que investiga los presuntos pagos de la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien supuestamente espió por orden del banco a líderes políticos y empresariales a partir de 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

El BBVA, como persona jurídica, ya fue imputada hace algunos meses en este mismo proceso. El magistrado Manuel García-Castellón, titular del juzgado central de Instrucción número 6, le atribuye presuntos delitos de cohecho, corrupción en los negocios, descubrimiento y revelación de secretos. Según los investigadores de estas pesquisas, incluidas como pieza separada del bautizado como caso Tándem —el macrosumario que investiga los manejos del comisario jubilado—, la entidad financiera firmó con el policía retirado contratos durante 13 años y por un importe superior a los 10 millones de euros.

El pasado mes de marzo, González abandonó todos sus cargos en el banco. En una carta enviada al actual presidente, Carlos Torres, el banquero aseguraba entonces que renunciaba «temporalmente» a su cargo de presidente de honor del BBVA y de la fundación. González dijo también que se hacía a un lado para evitar que se le utilizara para «dañar a la entidad», que había presidido desde 1999. Ese fue el año en el que el BBV se fusionó con la antigua banca pública Argentaria, a cuya presidencia había llegado en 1996 nombrado por el Gobierno de José María Aznar (PP).

La petición de Anticorrupción implica un nuevo salto en la investigación, que ya ha visto como más de una decena de altos cargos del banco desfilaban por la Audiencia para ser interrogados. Entre otros, el consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015, Ángel Cano, que se acogió a su derecho a no declarar. O Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de Seguridad del banco, que fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000 euros. También César Bilbao, ex responsable de Seguridad del BBVA en Latinoamérica, que reconoció en otra pieza separada que facilitó datos de clientes de la entidad a la red policial corrupta de Villarejo.

Fuente: El País