La primavera europea iniciada hace un año con la sucesiva derrota de los populismos (aunque no destrucción: siguen influyendo) puede tener un espléndido desenlace.
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Así será si fructifica la nueva Gran Coalición democristiana-socialdemócrata en Alemania, que el domingo pasará su segundo filtro en un congreso del partido de izquierda. El preacuerdo de los negociadores exhibe flancos negativos: las restrictivas cuotas inmigratorias, la benignidad fiscal con las rentas altas.
Pero propone también un extraordinario programa económico europeo. Debido a que Martin Schulz (SPD) ha recuperado la memoria. En campaña solo apeló a la cuestión social. Al fraguar el (eventual) programa de gobierno, se ha acordado al fin de que él mismo era un emblema europeísta.
Por eso el primer capítulo de su pacto con Angela Merkel (CDU) versa sobre Europa; le dedica cuatro páginas; incluye compromisos detallados de la Alemania futura. Aún no es un paquete, que estas cosas son laboriosas en Berlín: la gran coalición de 2013 fue precedida por dos meses de intensos debates (el último, un maratón de 17 horas); se necesitaron las aportaciones de 75 especialistas, que redundaron en un programa de gobierno de 185 páginas, ratificado por el voto de 475.000 militantes socialistas.
El preprograma de gobierno es elocuentemente keynesiano y social porque apuesta a la inversión pública, alemana y europea (profundizando el plan Juncker); a los derechos sociales; a la lucha contra la evasión fiscal; a la tasa Tobin sobre las transacciones financieras.
Pero lo fundamental es que el plan incorpora dos propuestas económicas clave para fortalecer a la Unión Europea y para «resistir mejor a las crisis globales».
Una es el aumento del presupuesto comunitario, con «recursos específicos para la estabilización económica, la convergencia social y el apoyo a las reformas estructurales», como heraldo de un «presupuesto de inversión para la eurozona», en la que Berlín se prepara para «aumentar su contribución». Es, más que menos, la capacidad fiscal que se reclamaba.
Otra es un nuevo Fondo Monetario Europeo, como «desarrollo» del actual fondo de rescate o Mecanismo de Estabilidad. Atención a dos atributos: quedaría «sujeto al control parlamentario» (de la Eurocámara) e «integrado en la ley europea». Esto es trascendental.
Lo es porque sintoniza con las propuestas más federales de Bruselas, de Estrasburgo y del París de Emmanuel Macron. Y porque supone una marcha atrás en toda regla sobre las posiciones, recelosas y reaccionarias, del gran Wolfgang Schäuble en su Non-paper for Paving the Way Towards a Stability Union, del pasado octubre.
Ese no-papel postulaba una «solución intergubernamental, ahora», aunque pudiera evolucionar «gradualmente». Sujetar el FME a la ley europea supone comunitarizarlo y dar al Ejecutivo de Bruselas y al Legislativo de Estrasburgo el papel preponderante deseable. Vigilemos cómo evoluciona este pacto.
Fuente: El País