La compañía estatal Adif ha informado este jueves de que multará con hasta el 10% del valor del contrato (sin incluir IVA) a aquellas adjudicatarias que incumplan la cláusula de “integridad y lucha contra el fraude”, punto que acaba de incluir la empresa encargada de la gestión de la red ferroviaria en sus pliegos de contratación.

“Adif ha incluido en sus pliegos nuevas condiciones de ejecución, a través de las que las empresas que resulten adjudicatarias asuman como obligación que su participación se realizará de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude”, han señalado desde la entidad pública.

“Los licitadores y adjudicatarios se comprometen a respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad y a abstenerse de comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta. También se comprometen a aceptar el código ético y de conducta de Adif, e informar del mismo a sus empleados, así como a comunicar inmediatamente al órgano de contratación de las posibles situaciones de conflicto de intereses, de las que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso”, ha indormado la compañía.

Además de una sanción del 10% del valor de la licitación, la empresa que gestiona la red ferroviaria podría resolver incluso la prohibición de contratar con Adif. “Si el contratista, tras la formalización del contrato, durante su ejecución o antes de su liquidación, es declarado en prohibición de contratar con Adif o con el sector público estatal, Adif quedará facultado para resolver el contrato”, han explicado desde la compañía.

La resolución de la CNMC

La empresa estatal toma esta decisión tras la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del pasado 27 de marzo, que multó con 118 millones a 15 empresas y sancionó a 14 de sus directivos con 666.000 euros por repartirse durante años los concursos públicos convocados por Adif. Estas compañías son: Cobra (ACS), Elecnor, Siemens (tuvo una rebaja del 45% por el programa de celemencia), Semi (ACS), Inabensa, Alstom (que quedó exenta del pago de la sanción), Cymi (ACS), Isolux, Electren (ACS), Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Citracc.

Las empresas, explicaron entonces en la CNMC, crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos: uno para los contratos de electrificación de líneas de alta velocidad; otro para electrificación en líneas de tren convencional; y un tercero para repartirse los concursos públicos y privados para suministro y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.

El importe total de los contratos adjudicados al primero de los cárteles (electrificación de líneas de alta velocidad) asciende a 837 millones de euros. El segundo de ellos, permitió repartir entre las empresas participantes del cártel un total de 134 millones de euros. Finalmente el tercer cártel repartió 84 millones.

Unos cárteles que actuaron desde 2002 hasta 2016

La CNMC indentificó a lo largo de 15 años tres cárteles diferentes en el sector. El primero se encargó de la electrficación del AVE. En él participaron 13 empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc y Eym) y duró desde 2008 hasta 2016. El segundo, que se formó para las adjudicaciones relacionadas con la electrificación del tren convencional, duró desde 2002 hasta 2016 y participaron de él diez firmas (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym). El último de los cárteles, que fue el que menos tiempo actuó (entre 2013 y 2015), involucró a Alstom e Indra, a las que en 2015 se sumó Elecnor.

Fuente: Cinco Días