La pesada losa de la deuda de los valencianos sigue creciendo como consecuencia de un sistema de financiación autonómico que es insuficiente e injusto. Insuficiente, porque no aporta los recursos necesarios para atender los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y protección social). E injusto, porque la financiación que nos aporta por habitante está por debajo de la media de las CC. AA. españolas. El actual modelo ya hace cinco años que caducó y desgraciadamente, la promesa del Gobierno de España de reformarlo en 2017 son palabras que se las ha llevado el viento, lo que es un serio varapalo para la Comunidad Valenciana. Ahora mismo, cada valenciano debe 9.004 euros (un 47% más que la media nacional), siendo nuestra Comunidad la más endeudada en relación al PIB (40,9%, frente al 24,7% de la media nacional).

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En este contexto, es más que razonable la petición del Gobierno valenciano de que el Estado nos adelante tan solo unos meses un dinero que es nuestro para poder paliar las consecuencias de la infrafinanciación. En concreto, la Comunidad Valenciana tiene pendiente de cobro 1.568 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2016. De acuerdo con el modelo de financiación autonómica, cada año se hace una previsión de ingresos (por recaudación de IRPF, IVA, impuestos especiales, etc.) a partir de la cual se fija la cuantía de financiación que corresponde y se reparte a cada CC. AA. Dos años después, una vez los datos de recaudación son definitivos, junto con otros fondos (Fondos de Convergencia Autonómica y el mal llamado Fondo de Suficiencia Global), se hace la liquidación definitiva que se recibe habitualmente el mes de julio. Por tanto, a mediados de este año 2018 es cuando está previsto que se transfieran a la Comunidad Valenciana los 1.568 millones de euros correspondientes al año 2016 que todavía nos deben.

¿Tan difícil es atender esta más que razonable petición del Gobierno Valenciano de adelantar solo unos meses ese dinero que es nuestro y que tanto necesitamos? ¿Qué sentido tiene que tengamos que acudir una vez más a los fondos extraordinarios (como el FLA) y que tengamos problemas de tesorería para hacer frente a los pagos por no recibir a tiempo el dinero que nos corresponde? ¿Hemos de aguantar un año más (y ya son muchos) el mal trato que recibimos los valencianos como consecuencia de la infrafinanciación y que ha supuesto que el último modelo de financiación nos aporte un 10% menos de ingresos por habitante cada año? ¿No es suficiente tener una deuda histórica de 15.150 millones de euros (según el informe de la comisión de expertos nombrada por las Cortes Valencianas), que aumenta hasta casi 20.000 millones si añadimos el coste financiero que hemos pagado por esa deuda? En resumen, además de infrafinanciados, asfixiados. O como dice el refrán, “además de cornudos, apaleados”.

Joaquín Maudos, catedrático de economía de la Universitat de València, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF.

Fuente: El País