La redada policial en el puerto del Berbés en Vigo que destapó a finales de octubre una presunta red de extorsión y venta de pescado ilegal en la lonja, alcanza ya los 32 imputados. La Guardia Civil concluyó esta semana la segunda fase de la Operación Govi que se ha saldado con 22 agentes implicados de la policía portuaria y siete armadores, mientras el resto son operarios y trabajadores del puerto que actuaban como cómplices.
Según la investigación de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, dirigida por el juzgado número cuatro de Vigo, la trama actuaba con total impunidad para controlar la venta de pescado en la lonja, sin pagar tasas ni extender facturas, ni tampoco acreditar el origen o trazabilidad de la mercancía que circulaba sin las garantías sanitarias exigibles para su consumo.
A cambio de hacer la vista gorda, los policías portuarios implicados en la presunta red de extorsión, recibían sobres con dinero o mercancía que vendían en restaurantes de la zona, o incluso en la misma lonja a precios más bajos, compitiendo de forma desleal con los demás vendedores.
Los agentes también pudieron constatar que los vendedores que se negaban a acceder a las extorsiones, se les asignaba los peores puestos de venta o eran multados por los policías portuarios por infracciones que pasaban por alto a la mayoría de los usuarios del puerto, como fumar en el interior de la lonja, carecer de documentación de trazabilidad las cajas de pescado expuestas o por estacionar de forma incorrecta los vehículos en el muelle.
Regalos en marisco
La Guardia Civil ya ha identificado a varios testigos que fueron extorsionados por jefes de servicio de la Policía Portuaria y otros agentes jerárquicamente subordinados, los cuales les habían exigido sobres con dinero y otros regalos en especie, fundamentalmente marisco o pescado.
Con estas últimas pesquisas, la Guardia Civil considera desmantelada la supuesta trama. En total se decomisaron 300 kilos de pez espada de tamaño no autorizado para su comercialización y otros 100 de piezas de lomo de atún carentes de documentación para garantizar el consumo humano. A todos los investigados se les imputan supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
Fuente: El País